J. L. Ruiz Collado02/11/99 0:00
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El Govern balear se muestra satisfecho por la actitud mostrada por la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección General de Tributos de Madrid respecto a la aplicación de un impuesto turístico en las Islas, ya que sus responsables se han decantado de forma favorable y dejando en manos del Ejecutivo autonómico la posibilidad real de que pueda plasmarse. Esta situación, en opinión del conseller de Turisme, Celestí Alomar, supone un salto cualitativo y clarifica el proyecto del Govern a la hora de buscar partidas económicas para sacar adelante el fondo de rehabilitación de espacios turísticos, valorado en 102.000 millones de pesetas: «La aportación del Estado al fondo turístico debe ser significativa. Y para que esta partida sea significativa debe ser, como mínimo, de un tercio».

El conseller de Turisme no da cifras, pero un tercio de los 102.000 millones de que constará el fondo en el período 2001-2009, supone que el Estado deberá aportar al mismo unos 35.000 millones en ocho años.

El Govern, según el conseller de Turisme, manifiesta su malestar por la actitud mostrada por la secretaria de Estado de Turismo, Elena Pisonero, «ya que hemos hecho todo lo posible para mantener una reunión previa con Pisonero y no ha sido posible. Lo que sí ha habido son contactos fluídos telefónicos. La Secretaría de Estado de Turismo nos tiene que contestar ahora si el Estado arbitrará una partida económica para el fondo turístico, ya que de ello depende la cuantía que se impondrá en el impuesto turístico, que entrará en vigor en enero del 2001».

Alomar añade que durante el 2000, «el sector turístico sabrá antes de marzo el coste real del impuesto para que pueda actuar de cara a la contratación de la temporada verano e invierno del 2001».