Desde que Felipe González firmó la adhesión de España a la Unión
Europea no hemos dejado de escuchar los parabienes de esa
asociación. Sin embargo, por el momento, las ventajas parecen
meramente económicas, dejándose de lado los aspectos sociales,
políticos y judiciales. Acabamos de verlo en el triste caso de
María del Carmen del Salto, la joven mallorquina cuya desaparición
en mayo mantuvo en vilo a toda la localidad de Porto Cristo y cuyo
cadáver ha aparecido ahora.
El pricipal sospechoso, un bombero alemán de 33 años, fue en su
día detenido para proceder a un interrogatorio, del que salió en
libertad por falta de pruebas, a pesar de que reconoció ser la
última persona que vio con vida a la joven.
Ahora, con la aparición del cadáver, el caso toma nuevas
perspectivas, ya que los médicos forenses podrían hallar en el
cuerpo pruebas definitivas que inculpen al alemán. Podría parecer
que ésa es razón suficiente para que el Gobierno germano extradite
al sospechoso para que sea juzgado aquí, en Balears, donde se ha
cometido el crimen.
Pero, desagraciadamente, no será así. La legislación alemana "y
la tradición en todos los países" impide que las autoridades
concedan la extradición de un ciudadano de esa nacionalidad a otro
lugar, aunque sea un criminal. Así que, a pesar de que nos dicen
que han desaparecido las fronteras dentro de la Unión Europea, que
existe libre circulación de personas y bienes, la realidad
demuestra que las legislaciones particulares de cada país no se
adaptan a estos objetivos de unidad y eso debe cambiar, tal como lo
pidió José María Aznar en la pasada cumbre de Finlandia.
De no ser así, la familia Del Salto, el pueblo de Porto Cristo y
todos los ciudadanos de Balears tendremos que ver cómo el
sospechoso es juzgado "si llega a sentarse en el banquillo" en su
propio país, lejos del crimen y de todos los ojos que le
incriminan.
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