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La Plataforma por la Convivencia, integrada por partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y asociaciones de inmigrantes, suscribe el manifiesto de apoyo a la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en el que se defiende el texto original de esta ley aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de noviembre y se rechaza la modificación que sobre el mismo han llevado a cabo el PP y CiU en el Senado.

En defensa de la igualdad de derechos de los inmigrantes, la Plataforma por la Convivencia ha convocado una concentración para mañana, jueves, a las doce del mediodía ante la Delegación del Gobierno en Balears. Forman parte de esta plataforma los partidos políticos PSOE, EU y Els Verds; los sindicatos CC OO, CGT, STEI y USO; las organizaciones sociales Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, L'Associació de Marginats La Sapiència, Cáritas, Drets Humans, Revolta, Asociación de Juristas de Balears, Asoc. de Inmigrantes Magrebís, Asociación Argentina, Asociación de Filipinos, Asociación Dominicana, Asoc. de Uruguayos, Asoc. de Senegaleses, Associació Grup Món y Metges del Món-Illes Balears, y por parte de la Administración, el CIM y la Direcció General d'Acció Social del Govern balear.

En opinión de los firmantes del manifiesto, «las enmiendas que han sido pactadas entre el PP y CiU suponen, en su conjunto, un grave retroceso en el objetivo por conseguir la integración social y laboral de los inmigrantes».

Según esta entidad, con las enmiendas introducidas por el PP se pretende que los inmigrantes sean «perennes», ya que la concesión o denegación de la posibilidad de entrada, residencia y trabajo «se decidirá en función de criterios tan contrarios al derecho universal e individual como los compromisos internacionales o los fines de la política exterior». También critica el endurecimiento de las exigencias para obtener o renovar el permiso de trabajo, lo que obligará a muchos inmigrantes «a trabajar de forma irregular, a merced de la economía sumergida, las inspecciones y las decisiones de sus empleadores», comentó Mustafá Boul-Harrak, de CC OO.