El rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç
Huguet, se mostró ayer «muy sorprendido» por las declaraciones
realizadas el pasado viernes por el presidente del Govern, Francesc
Antich, con respecto a una posible rescisión del contrato de
servicios que la Comunitat tiene con la Universitat para la
organización de las pruebas selectivas a los aspirantes al bolsín
de interinos de la CAIB. «Debo aclarar que no existe ningún
contrato entre la UIB y el Govern para la elaboración de los
cuestionarios», declaró poco antes de participar en un acto
organizado en el edificio Sa Riera de la UIB.
Huguet afirmó que esperaba a lo largo del día de ayer una
rectificación por parte del Ejecutivo. «Confío en que desde el
Govern haya una rectificación a las declaraciones que hoy (ayer)
aparecen en la prensa, la particular referida a un contrato que,
insisto, no existe. Lo que sí hay es una respuesta de la
institución (la UIB) para intentar ayudar a la realización de estas
pruebas por la voluntad personal de los profesores implicados»,
aseguró. El rector admitió que en todo el proceso de la confección
de preguntas a los opositores a un puesto en la CAIB hayan podido
haber errores.
«Seguramente han existido esos errores en la confección de las
preguntas, que nosotros aceptamos y asumimos, pero también han
habido errores de procedimiento que no son nuestros». Por su parte,
el Govern se apresuró ayer a aclarar que «seguirá colaborando con
la UIB, desde la más estricta complicidad, en todo tipo de
iniciativas de interés para los ciudadanos de Balears, como es el
caso de las pruebas para el bolsín de interinos».
En un comunicado aclaratorio, el Govern reitera su total
confianza en la Universitat balear «como institución idónea para la
realización de estas pruebas» y rechaza cualquier recelo o
desconfianza por su parte respecto a la actuación de la UIB pese al
hecho de que se hayan producido algunos desajustes en la
realización de determinadas pruebas. El Ejecutivo expresó su
satisfacción por la ejecución de estas pruebas que suponen «un paso
adelante en la transparencia y el respeto del principio de igualdad
en el acceso a la función pública».
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