El presidente del Govern, Francesc Antich, aseguró ayer que el
Ejecutivo mantiene la opción de emplear suelo rústico para poder
construir viviendas protegidas a precios asequibles, a pesar de la
radical oposición a esta propuesta manifestada por la presidenta
del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar.
«Hay que hacer compatible el nuevo modelo de crecimiento con las
necesidades sociales», afirmó el president. Antich aseguró que las
actuaciones urbanísticas en suelo rústico se ejecutaran en aquellos
terrenos que estén colindantes al suelo urbano. «No se harán
bloques de viviendas en la Serra ni en Aucanada», afirmó el
presidente. El presidente aseguró que el Govern necesita obtener
suelo barato para poder construir viviendas dignas a precios
razonables. «Lo que intentamos es dar soluciones a un problema
social que afecta a mucha gente», afirmó.
El president aseguró que esta propuesta está contemplada incluso
en la Ley de Suelo Rústico. «La Ley de Suelo Rústico faculta a la
administración a hacer reservas de terreno para uso público siempre
que las actuaciones urbanísticas se consideren de interés público»,
informó el president del Govern.
El president afirmó que la intención del Govern es realizar una
política de redistribución de la riqueza a precios asequibles y
aseguró que la posibilidad de expropiar suelo rústico no es más que
una actuación entre un amplio conjunto de medidas que prepara el
Ejecutivo. Por ejemplo, Antich aseguró que el Govern está
trabajando desde hace tiempo en la redacción de un nuevo decreto de
rehabilitación con el que se pretende conceder ayudas para primar
este tipo de edificación frente a las nuevas urbanizaciones.
Otra posibilidad que estudia el Govern pasa por la necesaria
colaboración de los ayuntamientos de las Islas. Antich aseguró que
es preciso hablar con los responsables municipales para que pongan
a disposición del Ibavi suelo barato y de una manera rápida. De
hecho, Antich destacó que el problema de la falta de suelo y el
previsible aumento del precio de la vivienda debido a las medidas
restrictivas en suelo urbano afecta a numerosos ayuntamientos de
las Islas, no sólo a los grandes municipios.
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