El Ajuntament de Palma cometió dos infraccicones muy graves de la
ley de protección de datos en el sistema de expedición de
certificadoss de residencia a través de cajeros automáticos y por
ceder datos de funcionarios a un sindicato, según denunció ayer el
director de la Agencia de Protección de Datos (APD), Juan Manuel
Fernández López, en el transcurso del seminario que está teniendo
lugar en el Bendinat Golf-Hotel sobre la nueva ley de Protección de
Datos.
La APD investigará también la información que se ofrece a los
usuarios de la tarjeta ciudadana. El director de la APD afirmó que
si otros consistorios de Balears emplean el mismo sistema para los
certificados de residencia «habrá que iniciar otro procedimiento
sancionador. El ciudadano tiene derecho a que, si se le ha causado
algún daño, se le indemnice».
Asimismo, la APD considera que el Ayuntament de Palma es
responsable de una infracción muy grave de la ley de protección de
datos cometida en noviembre de 1998, cuando cedió los nombres
completos y las direcciones de los funcionarios municipales a un
sindicato que los utilizó para enviar propaganda a unas 700
personas con vistas a las elecciones a la Junta de Personal.
En cuanto a las deficiencias en la información sobre la tarjeta
ciudadana, Fernández reiteró que los usuarios deben conocer quién y
cómo se gestionan sus datos para poder corregirlos o
eliminarlos».
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