El Gobierno central quiere privatizar la gestión de los
aeropuertos españoles, actualmente en manos del ente público AENA.
El control de determinados aeropuertos "como los baleares" será un
bombón más que apetecible para muchas grandes empresas de este
país, aunque no ocurrirá lo mismo con las infraestructuras poco
rentables.
Y ahí precisamente estará el principal escollo a la hora de
adjudicar los contratos. Porque sin duda el Gobierno pretenderá que
una sola entidad se haga cargo de todo el paquete, es decir, los
grandes y los pequeños aeropuertos, para no perjudicar a las
provincias menos favorecidas. Y ahí también estará el mayor
perjuicio para nosotros. Porque si bien nada hay "a priori" en
contra de que un organismo privado se haga cargo de la gestión de
nuestros aeropuertos, sí que resulta inconveniente que ésta siga
estando centralizada y en manos ajenas a los intereses de las
Islas. En este sentido, se ha pronunciado el Parlament balear, con
acuerdo de todas las fuerzas políticas, solicitando que la gestión
de nuestros aeropuertos se haga a través de un consorcio en el que
estén representados tanto las instituciones autonómicas como las
empresas privadas.
De momento nada se sabe de las condiciones que el Gobierno
exigirá a las posibles adjudicatarias del control aeroportuario,
pero ya ha adelantado que las comunidades autónomas no tendrán
ningún papel en este asunto. Se trata, desde luego, de una decisión
lamentable que todavía están a tiempo de rectificar.
De cualquier forma, el grave problema del transporte aéreo no se
resuelve con privatizar o no los aeropuertos. Lo que realmente
preocupa a los ciudadanos son los vuelos interinsulares y con la
Península, siempre con la amenaza de quedar incomunicados por falta
de aviones, así como los casos de overbooking y las huelgas de
pilotos y controladores aéreos. Estos son los auténticos
problemas.
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