El magistrado-juez del Juzgado de lo Social número 3 de Palma,
Antoni Oliver, desestimó por segunda vez la demanda presentada por
los ex sindicalistas Enriqueta Garrido, Pablo Solivellas y Miquel
Gispert, contra USO por un supuesto despido improcedente. El juez
ya se había pronunciado en ese sentido en la sentencia número 345
del 14 de agosto de 1998, en la que también rechazó las tesis de
los ex responsables de Comercio de USO. La causa volvió a su
conocimiento después de que el Supremo pusiese final al trámite de
recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por
USO contra otra sentencia del TSJB.
El Consejo Extraordinario de la Unión Sindical Obrera (USO)
decidió en 1998 la expulsión de la responsable de comercio,
Enriqueta Garrido, así como la de uno de sus estrechos
colaboradores, Pablo Solivellas, y el despido por ausencias
injustificadas al trabajo de Miguel Gispert, brazo derecho de
Garrido.
Los dos expedientes de expulsión se abrieron después de que se
constatasen una serie de irregularidades como el cobro de
honorarios por tramitación y asesoramiento en el despido de un
trabajador «sin que las cantidades percibidas fueran ingresadas en
la caja» del sindicato y la prestación de servicios durante la
jornada laboral en el centro de Formación e Investigación y en la
Agrupación balear de Vendedores ambulantes. Contra la sentencia
cabe un recurso ante el Tribunal Superior de Balears.
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