La oposición unánime de los sindicatos CC OO, UGT, CSI-CSIF y STEI
a la propuesta de modificación del catálogo de puestos de trabajo
para aumentar los puestos de libre disposición en la Administración
autonómica no impedirá que la Conselleria d'Interior lleve dicha
propuesta para su aprobación al Consell de Govern, el próximo día
28 de abril. La Mesa General de Negociación de la Comunitat
Autònoma, integrada por el director general de Funció Pública,
Jaume Colom, y los sindicatos CC OO, UGT, CSI-CSIF y STEI, discutió
ayer la modificación del catálogo de puestos de trabajo y, en
concreto, el aumento de los puestos de libre disposición, que
obtuvo el voto en contra de todos los sindicatos.
Jaume Colom explicó, al término de la reunión, que el Govern
creará 47 nuevas plazas de libre designación, sobre todo de jefes
de servicio, sobre un total de 4.804 plazas del catálogo.
Para Colom, las discrepancias entre Administración y sindicatos
«es un tema de diferente filosofía, ya que el cambio cualitativo no
es tan grande». Por su parte, los sindicatos CC OO, UGT y CSI-CSIF
pidieron la retirada de la propuesta, aunque todos votaron en
contra. Xisco Lillo, de CC OO, declaró que su organización estudia
la interposición de un recurso, porque considera que «se vulnera el
reglamento de interposición de puestos de trabajo, en cuanto a la
excepcionalidad, y hurta el derecho de los funcionarios de carrera
profesional a acceder a estos puestos». Asimismo, CC OO estudiará
acudir al defensor del pueblo.
El CSI-CSIF no descarta iniciar movilizaciones de protesta
contra la decisión adoptada por la Conselleria d'Interior. Agustín
Buades, del CSI-CSIF, dijo no entender cómo la Conselleria va a ser
capaz de llevar esta propuesta a Consell de Govern y el Ejecutivo
de aprobarla, con la oposición de la parte sindical.
Para Agustín Buades, con esta medida «se nos roban las plazas a
los funcionarios» y denunció la «politización» de la carrera de la
función pública en la Administración.
Buades dijo que «se les ha hecho una llamada a la sensibilidad,
porque están jugando con las ilusiones de la gente que confiaba en
el nuevo Govern y del ciudadano que espera una atención ecuánime
del funcionario».
El CSI-CSIF tampoco descarta llevar a cabo acciones legales,
aunque la primera medida que llevará a cabo este sindicato, al
igual que CC OO, será informar a los funcionarios y apelar a la
responsabilidad del Govern, para que se replanteen aprobar la
propuesta de modificación del catálogo de puestos de trabajo.
Los sindicatos creen que si el Govern lo que quiere es tener
asesores, «que los designe como tales y, si no, que se haga un
concurso de méritos entre los funcionarios y que el mejor saque la
plaza», apuntó Lillo. El representante de CC OO señaló que si es
una cuestión de confianza, «estos puestos podrían concretarse en
comisiones de servicio que están, precisamente, para cubrir
excepcionalidades».
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