La Direcció General de Consum del Govern balear ha detectado
irregularidades en la tarjeta ciudadana puesta en marcha por el
Ajuntament de Palma para sustituir al bonobús. Unas irregularidades
que tendrían que ver con varios aspectos como son la protección de
datos, el derecho a la intimidad, el uso de la tarjeta por menores,
la exclusividad de dos bancos para su distribución o el hecho de
que se ofrezcan servicios añadidos no solicitados por el
usuario.
Según ha podido saber Ultima Hora el expediente
abierto al respecto puede ir, en función de la normativa legal
vigente, desde una mediación entre el Ajuntament de Palma y la
Conselleria de Sanitat i Consum dirigida a subsanar las
irregularidades detectadas a la suspensión cautelar de la tarjeta
ciudadana.
El Govern balear no quiere una disputa institucional con el
Ajuntament "hay que recordar están gobernadas por formaciones
políticas diferentes" y es por ello que se está actuando de la
forma más aséptica posible. El asunto está en manos de los
servicios jurídicos y el expediente se encuentra en fase de estudio
cuyas conclusiones podrían conocerse ya esta misma semana.
La Direcció General de Consum ha solicitado información
complementaria a agencias especializadas. Asimismo se ha solicitado
al Ajuntament de Palma que alege sobre los distintos puntos oscuros
que se han detectado en la tarjeta ciudadana. La Agencia de
Protección de Datos, por su parte, está investigando la tarjeta
ciudadana según señaló su director, Juan Manuel Fernández, el
pasado mes de marzo en un seminario organizado por Ausbanc.
En principio, estaba previsto que el bonobús dejara de estar
operativo el pasado 31 de marzo pero, sin embargo, se ha postpuesto
para el 30 de junio. En el plazo de tiempo que queda, el Ajuntament
de Palma tiene prevista la instalación de una red de terminales en
los estancos de la ciudad en los que se podrá recargar la tarjeta
ciudadana.
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