Unió Mallorquina advirtió ayer al Govern que no apoyará que se
utilice suelo rústico para construir viviendas sociales o de
protección oficial. El portavoz de UM, Miquel Nadal, aseguró en el
Parlament que su partido rechaza frontalmente esta posibilidad
«porque lo que hay que hacer con el suelo rústico es protegerlo».
Nadal desgranó una a una las razones de esta oposición a los
planes del Govern que, en su opinión, van en contra de la política
de reducción de suelo urbano y urbanizable y no favorece la
integración social de las familias con menos recursos.
Para Nadal, la solución a la falta de suelo público para la
construcción de viviendas está en la adquisición de suelo público,
en la firma de convenios con los ayuntamientos y en la
rehabilitación de viviendas.
Junto con UM, el otro partido que se opuso a este proyecto del
Govern fue el PP. Su portavoz, José María González Ortea, aseguró
que todos los partidos coinciden en que no es correcta la
utilización de suelo rústico para la construcción de viviendas
sociales. Se mostró de acuerdo con la posibilidad de que la
administración autonómica adquiera suelo y también defendió la
opción de rehabilitar las viviendas abandonas. González Ortea
aprovechó las referencias a la rehabilitación para descalificar el
plan de ayudas aprobado por el Ejecutivo el pasado viernes «porque
no aporta nada nuevo». El conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni
Ferrer, defendió las bondades de reclasificar suelo para construir
viviendas sociales y recordó que la propia Ley de Suelo Rústico que
aprobó el PP establece la posibilidad de realizar reserva de
terrenos en suelo rústico para otros usos.
«El Govern es consciente de que este asunto debe tratarse con
delicadeza, pero también hay que tener en cuenta que el suelo
rústico tiene diversos grados de protección y las reservas se
harían en suelo rústico residual, el más cercano a los núcleos
urbanos», afirmó el conseller.
Josep Antoni Ferrer reconoció que la mejor opción sería que los
ayuntamientos pongan suelo a disposición del Ibavi para la
construcción de viviendas sociales y resaltó que su departamento ya
está trabajando sobre la posibilidad de firmar convenios con los
municipios. El conseller reprochó la actitud del Ajuntament de
Palma, que prefiere que el 10 por ciento de aprovechamiento que
deben pagar los promotores se abone en metálico, en lugar de en
cesiones de suelo.
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