Después de que una gigantesca nube de humo y fuego se llevara por
delante el pabellón multidisciplinario del polideportivo Príncipes
de España, ha saltado el escándalo. No sólo es lamentable que una
de las obras más «modélicas» de la pasada Universiada de Palma haya
quedado reducida a cenizas, sino que detrás de ese suceso hay toda
una cadena de interrogantes que ponen en evidencia graves
deficiencias de las administraciones públicas.
Casi un año después de que se celebrara la Universiada, ahora se
descubre que el edificio carece de la preceptiva licencia de
actividades; que el sistema de seguridad era, como mínimo,
defectuoso, pues ninguna alarma antiincendios puso en alerta al
vigilante jurado; y el material supuestamente ignífugo ardió como
una tea.
Desde el Ajuntament de Palma se limitan a afirmar que jamás
concedieron la licencia de actividades precisamente por considerar
que el recinto no era seguro. Bien, si no era seguro debieron haber
detenido la celebración de actividades deportivas para evitar una
tragedia. Pero han pasado diez meses y ha sido un incendio el que
ha tenido que destapar el pastel. Por su parte, desde el Govern se
asegura que no habian contratado un seguro del edificio porque,
sencillamente, todavía el recinto no es de su propiedad. De
acuerdo, no es de su propiedad pero en él practicaban deporte
cientos de ciudadanos de estas Islas. ¿Cómo se puede permitir que
un centro de estas características estuviera abierto si
oficialmente todavía está en manos de la empresa constructora? Y no
vale decir que siempre ha sucedido así y que ninguna instalación
está en regla. Ya va siendo hora de que se hagan bien las cosas y
se cumpla la ley. Diez meses después de la Universiada no se puede
decir impunemente que no se cuenta con las licencias oportunas por
falta de tiempo.
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