Debido a esta postura de los dos socios, mayoritarios en Bitel,
el Govern intentará llegar a un acuerdo económico con ellos para
venderle su participación. El Govern posee el 46 por ciento de las
acciones y el capital social de la empresa es de 415 millones.
Antes de decidir la venta formal, el Ejecutivo realizará un
estudio económico para determinar cuál es el valor real de mercado
de su participación en la empresa. Bitel ha dejado de ser un
negocio estratégico para el Govern que, no obstante, tiene la
intención de contar con la empresa en caso de que se planteen
proyectos de innovación tecnológica. La decisión definitiva se
tomará en una semaba.
Por otra parte, la empresa Atlas exigirá al Govern unos 400
millones de pesetas en concepto de indemnización por competencia
desleal. El abogado de Atlas presentará la demanda ante el juez de
lo civil a finales de este mes. Esta semana, no obstante, se
personará en la sede de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para exponer, por segunda vez, la situación
anómala de Bitel, al operar sin autorización. También, presentará
una queja ante el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Por otra parte, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía
Nacional tomará declaración, por segunda vez, al jefe de proyectos
de Bitel, Esteban Luengo, quién fue el autor del redireccionamiento
de los mensajes entrantes de la cuenta del correo electrónico de
Urbanismo del CIM. Esa es la diligencia que espera el juez
instructor del denominado «caso Bitel», Antoni Morell, para
continuar sus investigaciones, según confirmaron fuentes
judiciales.
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