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El teniente de alcalde de Hacienda, Pedro Àlvarez, anunció ayer la introducción de un cambio en el sistema de obtención de la tarjeta ciudadana, de forma que ya no será necesario firmar el contrato jurídico con los bancos, como ahora ocurre.

En efecto, Àlvarez explicó que, a partir de ahora, el ciudadano tendrá la posibilidad de escoger entre firmar un contrato jurídico con el banco, si desea tener la tarjeta ciudadana con todas sus prestaciones actuales y futuras o, por el contrario, firmar una simple notificación de recogida si sólo quiere la tarjeta monedero especial transportes, es decir, sólo válida para hacer uso del transporte urbano. Según el edil, esta simplificación del sistema de obtención de este producto no responde a las quejas ciudadanas ni a las noticias aparecidas sobre la investigación abierta por la Direcció General de Consum, de la que asegura no tener noticias. «Esta es una posibilidad que queríamos ofrecer desde un principio, pero que problemas técnicos lo impedían. Ahora, estos problemas están resueltos y ya estamos en disposición de elaborar un formato de tarjeta que permite saltarse algunos procesos», añadió.

Àlvarez insiste en que el contrato que se ha estado firmando hasta ahora con las entidades financieras que colaboran en este proyecto "La Caixa y Sa Nostra" «no ofrece ninguna duda legal para el Ajuntament, pero en cualquier caso con este nuevo sistema las posibles dudas quedan disipadas del todo».

Aunque no se quiere vincular, lo cierto es que la obligatoriedad de firmar un contrato con el banco y aportar toda una serie de datos personales ha provocado, desde que se puso en marcha la tarjeta, un sinfín de protestas ciudadanas.

La última la semana pasada, cuando asociaciones de consumidores, partidos, sindicatos y otras entidades se unieron para reclamar a la EMT que mantenga el bonobús tradicional de cartón. En ese momento, entre sus argumentos, se quejaron de la obligatoriedad de vincularse con un banco y aportar datos personales. Por su parte, la Direcció General de Consum del Govern balear anunció haber detectado una serie de irregularidades en la tarjeta ciudadana, que tendrían que ver con varios aspectos como son la protección de datos, el derecho a la intimidad, el uso de la tarjeta por menores, la exclusividad de dos bancos para su distribución o el hecho de que se ofrezcan servicios añadidos no solicitados por el usuario.