La Direcció General del Consum ha dado un plazo de 15 días al
Ajuntament de Palma para que corrija las irregularidades que se han
detectado en la tramitación de la tarjeta ciudadana o, de lo
contrario, abrirá un expediente sancionador contra el consistorio
que puede implicar desde la retirada de la tarjeta hasta una
sanción económica de 100 millones de pesetas. Estas presuntas
infracciones, vulneración de derechos, discriminación e información
engañosa, fueron presentadas por el director general de Consum,
Miguel Angel Cabeza ante la necesidad, señaló, «de salir al paso a
las afirmaciones que nos acusan de no haber hecho nada con este
tema cuando llevamos el caso desde las primeras denuncias, el
pasado mes de enero».
En realidad el plazo que tiene el Ajuntament para subsanar las
irregularidades es de trece días a partir de hoy ya que la
notificación de un posible expediente sancionador se realizó el
pasado miércoles.
En una primera fase, los técnicos de Consum han detectado que la
citada tarjeta podría vulnerar los derechos e intereses económicos
y sociales de los ciudadanos al no mencionar en la solicitud la
referencia y Boletín Oficial en el que se publicó el decreto de
alcaldía que ponía en marcha la iniciativa.
Asimismo, en este mismo apartado, se contempla la obligatoriedad
de hacer firmar al usuario un contrato bancario con «Sa Nostra» o
«la Caixa» lo que, al parecer de Cabeza, supone «una imposición
injustificada de condiciones».
En lo que se refiere a la presunta vulneración del derecho a la
no discriminación el requerimiento de corrección de infracciones
habla del apartado numero cinco del Bando del Ajuntament de Palma
del que, aseguran, «se desprende que si el usuario de la tarjeta no
abre una cuenta corriente o libreta en una de las dos entidades
emisoras, al cargarla le cobra gastos de comisión». Estos gastos de
comisión, según sus investigaciones, serían de 400 pesetas.
Por último, en lo relativo a la vulneración del derecho a
recibir información veraz, la documentación establece un presunto
caso de publicidad engañosa ya que, de las informaciones hechas
públicas, se desprende que la expedición y mantenimiento de la
tarjeta será gratuita, «cuando, en realidad, en dicho contrato
existen condiciones que implican el cobro de cantidades por
diversos conceptos y en el Bando de junio se permite a la entidades
bancarias cobrar por la renovación en caso de perdida, robo o
deterioro».
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