El Govern ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que
no se opongan a los recursos presentados por las empresas sobre el
impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente
(impuesto ecológico). El último de los recursos presentado por GESA
fue estimado por la sala de lo contencioso administrativo del
Tribunal Superior de Justicia (TSJB) sin que el abogado del
Ejecutivo presentara alegaciones. Por ello, el TSJB declaró no
conforme a derecho la penalización de 253 millones de pesetas que
había realizado el Govern a GESA.
El Ejecutivo está a la espera de que el Tribunal Constitucional
se pronuncie sobre la validez, o no, del impuesto ecológico, en una
de las sentencias más antiguas de las que faltan por dictar. Hasta
que ello no ocurra, los letrados del Govern simplemente «se
allanan» a las demandas, como ocurrió el pasado 15 de mayo con el
recurso presentado por GESA. El impuesto sobre instalaciones que
inciden en el medio ambiente había sido recurrido, al menos, en
otras quince ocasiones, y siempre el fallo fue desestimatorio, con
excepción de otras dos sentencias favorables a Repsol y Cepsa.
En Balears, las empresas que están sometidas al pago del
impuesto ecológico son GESA, Repsol, Cepsa, CLH y también todas las
que afectan a las telecomunicaciones, tanto de telefonía fija como
móvil. El impuesto grava las instalaciones que afectan a
actividades que inciden sobre el medio ambiente -por contaminarlo,
degradarlo o distorsionarlo- y «obligan a la sociedad balear a
soportar sus efectos externos», según el Govern. El conseller de
Hisenda, Joan Mesquida, ha afirmado con respecto a esta cuestión
que «esperamos con atención la sentencia del TC, porque en caso de
que sea desfavorable a las tesis que defendemos desde el Ejecutivo,
tendremos que devolver unos 9.000 millones de pesetas a diferentes
empresas».
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