El Parlament rechazó ayer la propuesta del PP de declarar de
utilidad pública las instalaciones de descarga y almacenamiento de
combustible de la compañía CLH en Son Banya. La medida, que comenzó
a plantearse durante la etapa de Josep Juan Cardona como conseller,
tenía por objeto «garantizar una mayor transparencia del mercado
petrolífero y una efectiva competencia del sector en Balears». Sin
embargo, los partidos que apoyan al Govern decidieron no respaldar
la iniciativa de los populares al entender que hacen falta «más
estudios técnicos por parte del gabinete autonómico antes de tomar
la decisión sobre las instalaciones de CLH».
Además, el Pacte de Progrés tampoco aceptó la propuesta de los
populares de autorizar que las cooperativas agrarias y las
cofradías de pescadores pudiesen vender combustible a terceros.
Para ello, el PP proponía que el Govern subvencionase un 75 por
ciento de la inversión necesaria para poner en marcha estas
instalaciones de combustible. El Pacte considera que debe ser el
Gobierno central el que financie estos proyectos, y no el
Govern.
Sin embargo, todos los partidos apoyaron unánimemente la
petición para que el Govern continue las negociaciones con las
empresas petroleras que operan o puedan operar en Balears para
disminuir y anular las diferencias de precios de los combustibles
agrícolas y pesqueros con el resto de comunidades autónomas. El PP
no tuvo inconveniente en respaldar la petición para que el Gobierno
central elimine el impuesto especial de hidrocarburos que agrava el
gas oil agrícola, actualmente de 13 pesetas, que sitúa a los
productores españoles en situación de agravio comparativo. El
Parlament también insta al Govern a realizar los estudios legales
necesarios para la adopción de medidas que eviten situaciones de
monopolio en el proceso de distribución de productos derivados del
petróleo.
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