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El Parlament rechazó ayer la propuesta del PP de declarar de utilidad pública las instalaciones de descarga y almacenamiento de combustible de la compañía CLH en Son Banya. La medida, que comenzó a plantearse durante la etapa de Josep Juan Cardona como conseller, tenía por objeto «garantizar una mayor transparencia del mercado petrolífero y una efectiva competencia del sector en Balears». Sin embargo, los partidos que apoyan al Govern decidieron no respaldar la iniciativa de los populares al entender que hacen falta «más estudios técnicos por parte del gabinete autonómico antes de tomar la decisión sobre las instalaciones de CLH».

Además, el Pacte de Progrés tampoco aceptó la propuesta de los populares de autorizar que las cooperativas agrarias y las cofradías de pescadores pudiesen vender combustible a terceros. Para ello, el PP proponía que el Govern subvencionase un 75 por ciento de la inversión necesaria para poner en marcha estas instalaciones de combustible. El Pacte considera que debe ser el Gobierno central el que financie estos proyectos, y no el Govern.

Sin embargo, todos los partidos apoyaron unánimemente la petición para que el Govern continue las negociaciones con las empresas petroleras que operan o puedan operar en Balears para disminuir y anular las diferencias de precios de los combustibles agrícolas y pesqueros con el resto de comunidades autónomas. El PP no tuvo inconveniente en respaldar la petición para que el Gobierno central elimine el impuesto especial de hidrocarburos que agrava el gas oil agrícola, actualmente de 13 pesetas, que sitúa a los productores españoles en situación de agravio comparativo. El Parlament también insta al Govern a realizar los estudios legales necesarios para la adopción de medidas que eviten situaciones de monopolio en el proceso de distribución de productos derivados del petróleo.