La consellera de Benestar Social, Fernanda Caro, reclamó ayer al
Gobierno central un mínimo de 2.500 millones para poder hacer
frente a la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor que
entrará en vigor en enero próximo. Caro advirtió que dicha ley es
«buena» pero «fracasará» porque no transfiere los medios y recursos
económicos para poder hacerle frente. Al respecto, Aina Rado,
directora general de Menors, expuso que «uno de los graves
problemas que tiene la ley es que se necesitan una serie de
infraestructuras y recursos que el Gobierno no ha transferido».
Hasta ahora el Govern de las Illes Balears tenía las
competencias de menores pero no a partir de los 16 que
correspondían a Instituciones Penitenciarias. El Gobierno,
criticaron, «nos pasa la gestión de este tramo de edad "el más
conflictivo y donde se dan más delitos" pero no nos da ni una
peseta para hacerle frente bien sea de forma directa o a través de
convenios».
Por su parte, Fernanda Caro y el vicepresidente de la Fundació
Projecte Jove, Tomeu Català, firmaron ayer un convenio de
colaboración dirigido precisamente a hacer efectivas las medidas
alternativas de internamiento "esto es el internamiento terapéutico
en centros especializados" contempladas en la nueva ley de menores
dirigidas a jóvenes con problemas de drogodependencias que han
cometido algún delito. El convenio por un importe de 11'8 millones
contempla cuatro plazas, ampliable a seis, de tratamiento
terapéutico en Projecte Jove.
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