Esta iniciativa, que garantiza una producción de 14.800 metros
cúbicos diarios, tiene prevista un inversión del Govern de casi
3.000 millones de pesetas de los que 1.000 son a fondo perdido y el
resto los recuperará a través de la venta del agua a los
Ajuntaments de Palma, Calvià y Andratx. De esta forma el Govern
cierra el primer paso para, tal y como comentó ayer el president,
Francesc Antich, desde Bruselas, «tener el control de la gestión de
los sistemas de producción del agua». La idea del Ejecutivo en
estos momentos es «poner claridad en la cuestión de los recursos
hídricos y encontrar un consenso con las empresas, tanto públicas
como privadas, que gestionan el agua en las Islas».
Así, según Antich el objetivo de controlar la gestión de
producción del agua se fundamenta en el decreto de emergencia que
hace unos días aprobó la Conselleria de Medi Ambient, la puesta en
marcha de Juntas Insulares y la ya citada utilización de
depuradoras portátiles. En este sentido, el president del Govern,
que mostró su confianza en que Madrid acelere la ampliación de la
desaladora, destacó su sorpresa por la reacción del alcalde de
Palma, Joan Fageda. «El Ajuntament siempre ha pedido una medida
como esta y, cuando se firma se queja. Su actitud sólo se entiende
por motivos que no tienen nada que ver con la sequía», señaló.
Antich garantizó que gran parte del suministro previsto estará
disponible en 45 días y que el problema no se limita sólo a los
meses de verano sino que hay que garantizar «el suministro para los
siguientes meses».
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