Los taxistas de Palma están convencidos de su derecho a trabajar en
exclusiva en el aeropuerto de la ciudad. Ellos alegan tener
diversas razones que apoyan su postura y la primera de ellas es que
las instalaciones aeroportuarias están ubicadas dentro del término
municipal de Palma y «hasta ahora el Ajuntament tenía, por ley, el
derecho y la obligación de cubrir en exclusiva en servicio en Son
Sant Joan» y por eso consideran que tienen unos derechos
adquiridos. Esta exclusividad en el aeropuerto es la que viene a
derogar el polémico Decreto.
Una segunda razón esgrimida se refiere a que «la capital balear
asumió hace algunos años las 120 licencias de los taxis de clase B,
exclusivas del aeropuerto, 17 de ellas arrastradas de Marratxí,
donde estaba el antiguo aeropuerto de Son Bonet». El número de
licencias concedidas con posterioridad y las mantenidas en activo
contaban con esa exclusividad, de modo que de no haber existido
éstas, quizá la relación de altas y bajas habría variado, se razona
como tercer justificante.
Los taxistas de Ciutat también recelan de la forma de actuar que
tienen sus compañeros de la Part Forana pues, se asegura, «el tipo
de trabajo que mayoritariamente están realizando en el aeropuerto
de forma precontratada es más propio de los vehículos con tarjeta
VTC (alquiler con conductor) que de los VT, que son los taxis, algo
que nosotros no podemos realizar en las mismas condiciones, lo cual
no es justo».
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