La situación que vivimos en Mallorca en estos días es ciertamente
preocupante. Y no sólo los residentes. También los turistas sufren
las mismas carencias: llegan a Son Sant Joan y no encuentran taxi,
se dirigen como pueden a su hotel y allí les informan de que, como
consecuencia de los cortes de electricidad, en ese momento no
funciona, pongamos, el ascensor. Se les dice que no tendrán agua en
sus habitaciones al no funcionar la bomba impulsora, y el horario
del almuerzo o cena se verá alterado en función de los apagones.
Afortunadamente, todavía no pagan la ecotasa.
Unas incomodidades compartidas, obviamente, por todos los
residentes, especialmente los de la Part Forana y la periferia de
Palma. Las quejas y denuncias están llegando a los organismos
competentes, mientras las patronales ya se plantean pedir
indemnizaciones. Esta vez no se ha tratado de un apagón, sino de
una sucesión de averías en cadena que GESA ha sido incapaz de
resolver en un tiempo prudencial. ¿Por qué? Cabe suponer que el
Govern lo averiguará. Por de pronto, los empleados de la compañía
denuncian la falta de inversiones de la empresa.
El otro gran conflicto es el de los taxis de Palma, en el que ya
están surgiendo voces discrepantes entre los propios profesionales.
No se puede parar toda la flota de taxis, voluntariamente o ante el
temor de represalias, por un incidente como el ocurrido el
miércoles en Son Sant Joan. Quienes alteran el orden público deben
asumir el riesgo de una intervención policial. Ahora, al fin, el
Ajuntament de Palma ha reaccionado y ha decidido implantar
servicios mínimos. Pero Palma está pagando el precio de una
permisividad excesiva para complacer a quienes imponen sus
criterios a golpe de protestas callejeras.
Ante ambos problemas, los ciudadanos no pueden dejar de expresar
su queja por la pasividad de las administraciones, que no han
sabido defender los intereses de los ciudadanos.
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