La Direcció General de Consum del Govern suspenderá, con casi toda
probabilidad, la distribución de la tarjeta ciudadana y sancionará
al Ajuntament de Palma por las denuncias de presuntas infracciones
en materia de consumo relacionadas con la implantación y gestión
del citado servicio, según se desprende de las declaraciones
realizadas ayer por Miguel Àngel Cabeza.
Las entidades, sindicatos y partidos políticos integrantes de la
Plataforma en Defensa del Bonobús se entrevistaron, ayer por la
mañana, con el director general de Consum, Miguel Àngel Cabeza,
para conocer, de primera mano, las actuaciones que la Conselleria
de Sanitat i Consum piensa llevar a cabo con respecto a la tarjeta
ciudadana. El director general de Consum no responderá a las
peticiones de la plataforma, hasta el próximo lunes 26 de junio, si
bien ha especificado que, existen tres posibilidades concretas,
«podemos optar por mirar a otro lado, cosa que no haremos. Utilizar
las vías legales para paralizar el proyecto u optar por sancionar y
pedir la retirada cautelar de la tarjeta ciudadana», explicó
Cabeza. Estos tres ejes de trabajo pueden ser, según Miguel Àngel
Cabeza, «complementarios uno del otro y posiblemente lo serán»,
especificó el director general.
La sección de reclamaciones de la Direcció General de Consum
comunicó, el 24 de mayo de este año, a Cort la apreciación de
presuntas infracciones en materia de consumo relacionadas con la
implantación y gestión del proyecto de tarjeta ciudadana. El
Ajuntament de Palma ya ha adoptado varias medidas correctoras con
el fin de intentar subsanar las deficiencias detectadas por el
Govern balear, siempre en cumplimiento del requerimiento de la
dirección general.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.