El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, Josep
Antoni Ferrer, visitó ayer Son Banya, acompañado por la gerente del
Ibavi, Teresa García Alba, con la intención de conocer de primera
mano la realidad del barrio más marginal de la ciudad, de cara a su
desmantelamiento, un proyecto que debe llevarse a cabo mano a mano
con el Ajuntament de Palma y, a poder ser, con la ayuda del Estado.
La gerente del Intitut Balear de l'Habitatge cifró en unos 500
millones -partiendo de viviendas de nueve millones- el coste del
realojo de las cerca de sesenta familias, de las 90 que actualmente
residen en el poblado gitano, que tienen interés y están en
condiciones de abandonar las chabolas. Ferrer lamentó que «hablemos
de realizar proyectos millonarios, como el de un Palacio de
Congresos, y un problema de 500 millones no se solvente».
Según reconoció García Alba «es cierto que las conversaciones
con el Consistorio van lentas, pero estamos seguros de que hay
interés por las dos partes», si bien no escondió que «la
responsabilidad última es del Ajuntament». Explicó que en estos
momentos se baraja una doble salida, que el Ibavi construya
viviendas nuevas y dispersas en barridas, para lo que Cort debería
aportar los solares y se tardaría cerca de tres años, o bien que
sea el propio Instiut el que busque viviendas de segunda mano para
este fin. En este caso se solicitaría que a la administración
central que aportara el 30 por ciento de la financiación, la misma
parte de la que se ocuparían Ibavi y Ajuntament y el 10 por ciento
restante correría a cargo de los particulares afectados.
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