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El Govern está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional las medidas liberalizadoras aprobadas por el Gobierno, que pueden impedir a ENDESA realizar inversiones energéticas en Balears. El presidente del Ejecutivo autonómico, Francesc Antich, ha solicitado una reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para que el Gobierno exlique con detalle el contenido de los cinco decretos-ley, y que aclare «algunos puntos oscuros».

En concreto, Antich advirtió que algunos de estos decreto ley invade competencias de la Comunitat Autónoma «y crea a Balears una serie de problemas al hecho insular y afecta al modelo de país que queremos construir aquí». El Govern tiene cuatro meses de margen para poder preparar el recurso de inconstitucionalidad, y Antich aseguró que otras comunidades autónomas están dispuestas a adoptar la misma medidas de fuerza ante el Gobierno de Aznar. Antich lamentó que uno de los decretos ley del Gobierno central modifique la ley del régimen del suelo de 1988, lo que puede producir, en su opinión, «la creación masiva del suelo urbanizable». «Este decreto puede poner más gasolina en el fuego de la saturación que ya padecemos y relanzar la especulación inmobiliaria», precisó el president. En relación a la liberalización de los horarios comerciales, Antich recalcó que el Govern tiene competencias plenas en materia de comercio interior, y que la decisión de Madrid es motivo de un recurso de inconstitucionalidad.

Antich también recordó que la decisión del Gobierno de congelar las inversiones de algunas empresas energéticas puede impedir a Endesa «destinar 75.000 millones de pesetas en Balears para solucionar los graves problemas eléctricos que tenemos». Antich amenaza con recurrir a Bruselas en caso de que no haya respuestas a la precaria situación energética de Balears.