El vicepresident del Govern, Pere Sampol, aseguró ayer que el
Govern quiere tener todas las garantías jurídicas antes de
autorizar a los consells insulars a que realicen moratorias
urbanísticas en sus respectivos territorios. De hecho, según han
asegurado algunas fuentes, el Govern ha remitido a los servicios
jurídicos la propuesta para facultar a los consells con el fin de
que no surjan problemas legales de última hora.
Fuentes de toda solvencia han asegurado que el Govern quiere
estudiar si es necesaria o no la existencia de un informe
preceptivo del Consell Consultiu. El PP asegura que esta
documentación es necesaria dado que la autorización a los consells
para que aprueben las moratorias es en realidad el desarrollo de un
artículo de una ley, la de Directrices de Ordenación del
Territorio. En este caso, según el PP, el informe del Consell
Consultiu es preceptivo.
En cualquier caso, la intención del Ejecutivo es aprobar cuanto
antes una moratoria a través de esta especial delegación de
competencias a los consells. En el caso de Menorca las medidas son
especialmente urgentes, más aún debido al hecho de que casi la
totalidad del borrador de la moratoria ya se ha hecho pública.
Algunas fuentes consultadas aseguran, sin embargo, que el Govern
puede encontrarse con otro problema a la hora de facultar a las
instituciones insulares.
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