Cuatro meses después de que el Gobierno habilitara un período
especial de regularización de la situación de los inmigrantes en
nuestro país, ayer finalizó el plazo bajo la consigna de la
tranquilidad. En toda España se han presentado 210.000 solicitudes
de regularización y en Balears sólo 4.200. Lo cierto es que en
principio el Gobierno había estimado que habría en todo el
territorio cerca de ochenta mil inmigrantes «sin papeles» y
finalmente la cifra se ha duplicado de sobra, lo que evidencia que
este proceso no puede solventarse con un período extraordinario,
sino que sería necesario establecer mecanismos permanentes que
permitan a los extranjeros que quieran instalarse aquí arreglar sus
papeles.
Quizá sorprenda el bajo número de solicitudes presentadas en
nuestras Islas cuando nos hemos acostumbrado ya a ver inmigrantes
por todas partes. Sin embargo, las autoridades aseguran que nuestra
Comunitat es de las que menos presión recibe en este sentido, y
basta comparar estas cifras con las de otras zonas: 55.000 en
Cataluña, 37.000 en Andalucía, 17.000 en Murcia, 11.600 en Canarias
y 10.200 en Melilla.
Los sindicatos y las ONGs que se han encargado de revisar el
proceso han mostrado su satisfacción por el buen cauce que han
llevado las tramitaciones, pues se estima que finalmente 160.000
solicitudes se resolverán en positivo. Lo malo de esto es que
quedarán cincuenta mil inmigrantes sin derecho a papeles y es poco
probable que este hecho les induzca a regresar a sus países de
origen.
Para el inimgrante por necesidad no hay retorno posible. Pues su
existencia como «ilegal» es incluso mejor que la que llevaba en su
país. Por eso hay que plantearse el futuro de estas personas que,
al carecer de oficialidad, se quedan sin derechos tan fundamentales
como la sanidad o la educación.
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