El proceso de regularización de extranjeros no se ha cerrado aún de
forma definitiva, porque todavía queda un importante número de
solicitudes de permisos de trabajo y residencia en trámite de
resolución. Sin embargo, ante el anuncio del delegado del Gobierno
para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, de que quienes
queden fuera del proceso de regularización serán expulsados de
España, se calcula que en Balears alrededor de 1.500 extranjeros
podrían verse afectados por las medidas que aplicará el
Ejecutivo.
Según datos aportados por la Conselleria de Benestar Social
recién iniciado el proceso de regularización, en torno a cinco mil
inmigrantes no comunitarios vivían en situación irregular en
Balears, mientras que se calcula que 10.000 son inmigrantes
regulares. A falta de resolver un total de 2.559 solicitudes, de
las 4.303 presentadas en las Islas, y teniendo en cuenta que ya se
han denegado 300 y que alrededor de un millar aproximadamente no ha
participado en el proceso de regularización, podrían ser unos 1.500
los que no puedan librarse de la expulsión.
En todo caso, dada la avalancha de inmigrantes subsaharianos que
han cruzados el estrecho de Gibraltar en los últimos meses, con la
falsa expectativa de acceder a un permiso de trabajo en nuestro
país, es muy probable que la cifra de extranjeros «sin papeles» que
baraja la Administración autonómica sea mayor.
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