El Tribunal de Cuentas recomienda al Govern, en su informe anual
del ejercicio 1997 al que tuvo acceso Europa Press, una «más
cuidadosa preparación» de los contratos de obras con el fin de
evitar la proliferación de modificaciones y retrasos durante su
ejecución. En el año al que se refiere el informe, el presidente de
la Comunitat Autònoma era el actual ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas.
En sus recomendaciones, el informe del Tribunal de Cuentas
incluye una supervisión más rigurosa de los proyectos de obras, así
como el adecuado «replanteo previo» que permita comprobar la
«realidad geométrica» de las obras, la disponibilidad de los
terrenos y todos los supuestos que puedan figurar en los
respectivos proyectos, poniendo especial atención a la posible
existencia de servicios afectados. Entre algunas de las
deficiencias que señala el informe sobre el ejercicio 1997, último
realizado por la entidad fiscalizadora, se encuentra el
«incorrecto» tratamiento presupuestario y contable del IVA
devengado deducible en los entes estatutarios, ya que, en opinión
de este Tribunal, las devoluciones de este impuesto se registran
indebidamente como ingreso del presupuesto y de la cuenta del
resultado económico-patrimonial.
Asimismo, destaca que la Universitat no dota amortizaciones para
cubrir la depreciación sufrida por los elementos que componen su
inmovilizado, lo que tiene su consiguiente efecto sobre el
resultado económico-financiero. También en referencia a la
Universitat, recomienda al Govern que valore por el órgano de
contratación de la Universitat la utilización de la subasta como
procedimiento general ordinario de adjudicación de los contratos de
obras, ya que permite obtener mayores bajas, «sin perjuicio de
garantizarse la adecuada calidad en su ejecución».
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas detectó en su informe de
1997 anomalías en la gestión del hospital comarcal de Manacor. El
citado tribunal denunció que el hospital recibió subvenciones
públicas indebidas por valor de 26 millones de pesetas y firmó al
menos el 60% de sus contratos antes de su inscripción como
fundación.
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