Las diversas medidas urbanísticas de protección del territorio que
ha aprobado el Govern en su primer año de gobierno han supuesto la
prohibición de construir 34.593 viviendas en suelo rústico con una
población potencial de 103.773 habitantes, según las estimaciones
que ha realizado el propio Ejecutivo. No se trata de la reciente
moratoria aprobada por el Consell sino de las sucesivas normas de
protección territorial que ha ido aprobando el Ejecutivo.
Si a estas 34.593 viviendas que se han evitado se suma la
prohibición de parcelar grandes fincas con fines meramente
urbanísticos, la paralización de viviendas se eleva a 48.300, según
este mismo estudio. En este caso, se podían haber edificado
viviendas para una población potencial de 145.000 habitantes. El
mayor índice de protección del territorio ha venido con la
modificación de la Ley de Suelo Rústico. El Govern presidido por
Francesc Antich modificó el texto para eliminar determinadas
excepciones que permitían construir viviendas en parcelas de entre
7.000 y 14.000 metros cuadrados. Esta supresión ha permitido
impedir la construcción de 22.608 viviendas.
Por orden numérico, a esta medida protectora le sigue la
prohibición de parcelar grandes fincas con fines urbanísticos.
Según los datos que tiene el Govern, se podían haber llegado a
parcelar hasta 13.678 fincas. El Ejecutivo admite que es difícil
calcular en cuántas parcelas se podían haber dividido estas grandes
fincas, pero se da por hecho que podrían haberse alcanzado incluso
las 100.000 parcelas.
La tercera medida de protección más importante viene de la
prohibición de edificar en las zonas declaradas Areas Naturales de
Especial Interés (ANEIS), ubicadas en su mayor parte en la Serra de
Tramuntana. Con esta prohibición se ha evitado la construcción de
6.252 viviendas, con una población potencial de 18.756
habitantes.
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