JOAN MASCARELL07/08/00 0:00
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La tarjeta ciudadana sigue teniendo aspectos que podrían ser considerados lesivos para el ciudadano y por tanto, con el Estatuto del Consumidor de la Comunitat Autònoma en la mano, sería ilegal. Aunque el Ajuntament de Palma, tras el expediente abierto por la Conselleria de Sanitat i Consum, procedió a subsanar algunas anomalias como las referidas a la recarga de la tarjeta, con la implantación de cincuenta máquinas recargadoras en los estancos, o que quien únicamente deseara la tarjeta para el uso del autobús no firme ningún contrato con las entidades bancarias contratadas, lo cierto es que hay deficiencias que no subsanó. Así lo mantiene el propio director general de Consum, Miguel Àngel Cabeza.

En declaraciones a Ultima Hora , el máximo responsable de Consum explicó que el expediente sancionador abierto al Ajuntament de Palma por la tarjeta ciudadana continúa los plazos previstos. Un expediente consta de tres fases y lo habitual es que la resolución final se demore alrededor de un año. Dadas las especiales características de este asunto, Consum le ha dado prioridad para que antes del mes de noviembre haya una resolución. Sobre la posible suspensión cautelar de la tarjeta ciudadana, Miguel Àngel Cabeza manifestó que sigue siendo una posibilidad que se adoptará en caso de tener que hacerlo cuando sea el momento.

Según ha podido saber este diario la pasada semana se sumó una nueva denuncia a la tarjeta ciudadana del Ajuntament de Palma y que plantearía, al menos, importantes dudas sobre su legalidad. Esta denuncia, que no fue ni reconocida ni desmentida por la Direcció General de Consum, abordaría la cuestión de una posible discriminación del servicio público entre ayuntamientos. La denuncia, según ha sabido Ultima Hora , será estudiada de forma detallada por la Direcció General de Consum y podría abrir una nueva línea de investigación.