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El eterno problema de la insularidad parecía haber encontrado visos de solución "al menos en parte" gracias a la aprobación del Régimen Especial de Baleares, que prevé ayudas por valor de 600 millones de pesetas para que las empresas de las Islas puedan aligerar sus enormes gastos de transporte de mercancías y competir así, en igualdad de condiciones, con las compañías de la Península. Sin embargo la primera decepción para el empresariado balear llegó con el enorme retraso que se produjo en la aprobación del texto. Y ahora la segunda "y quizá más grande aún" llega con una tramitación tan complicada que nadie parece ser capaz de seguir correctamente.

Ocurre que nuestros gobernantes, tan aficionados ellos a basarse en las experiencias de otras regiones y países a la hora de redactar los textos legales, han calcado el régimen especial de Canarias para aplicarlo a nuestras Islas.

Las empresas implicadas en esta cuestión han presentado a la Administración sus correspondientes facturas de transporte para poder acceder a las ayudas previstas. La plantilla que debe hacer frente al estudio de los expedientes apenas da abasto para acometer la tarea ingente de examinar hasta cinco mil facturas por empresa. Y se han presentado 657 solicitudes. Finalmente sólo han pasado el listón dos de ellas, correspondientes a una misma empresa textil ibicenca.

Así las cosas parece imposible dar un paso hacia adelante. Por un lado la Administración propone unas condiciones casi imposibles y, por otro, los empresarios baleares demuestran estar poco acostumbrados a justificar sus movimientos con el detalle que exigen las autoridades. De momento parece que la única solución al atasco será pedir a Madrid que modifique tan estrictas condiciones, algo que se hará esperar y quizá no se produzca nunca.