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Balears, está claro, ha sufrido desde siempre una situación muy particular debido a su condición de archipiélago y, además, a su relativa cercanía de la costa peninsular. Porque las Canarias son otra cosa, siempre se ha considerado que es un deber ayudarlas, apoyarlas para que no dejaran de sentirse españolas, dada su lejanía del continente europeo. Pero aquí estamos cerquita y tenemos todas las desventajas de ser islas y de no estar muy apartados. Por eso hay que apoyar la idea del president del Govern, Francesc Antich, de exigir que el gasoducto que solucione nuestros problemas de suministro energético sea tratado desde Madrid como un asunto de Estado. Porque si así se hace, por un lado la financiación estará garantizada desde el mismo Estado y con las ayudas de Europa y, por otro, se agilizarán las obras y se allanarán los obstáculos.

Pues uno de los temores del Govern es que el Gobierno de la Generalitat Valenciana, encabezado por el popular Eduardo Zaplana, ponga pegas a la construcción de una conexión de 42 kilómetros de longitud a través de la Comunidad Valenciana. Y, vistas las tensas relaciones entre el Partido Popular y el Pacte de Progrés, no es descabellado pensar que Zaplana pueda intentar obstaculizar la instalación. Algo que será imposible si el asunto se considera de Estado. Por supuesto, se deberá buscar un trazado que no perjudique a los ciudadanos de Valencia y respete el medio ambiente.

En esta misma línea de buscar compensaciones por la insularidad se pronunció el presidente de la Autoritat Portuària, Francesc Triay, que pidió a Madrid que elimine el pago del impuesto de sociedades para poder emprender la construcción de una nueva estación de pasajeros en Palma. Sin duda el Gobierno deberá afrontar con seriedad este déficit de infraestructuras y servicios que padece Balears y poner sobre la mesa las ayudas necesarias.