Los graves incidentes que se produjeron durante la sesión plenaria
en la que se aprobó la Norma Territorial Cautelar (NTC) de las
Pitiüses hacían ya presagiar que este texto no iba a ser bien
digerido por un amplio sector de la población de Eivissa. Casi un
mes después de aquella fecha, el balance es de lo más revelador:
acciones judiciales contra actos de desobediencia por parte de las
constructoras, primeras voces discordantes dentro del Pacte
Progressista y una férrea oposición traducida en decenas de
alegaciones contra esta moratoria urbanística.
Sin duda, el principal pulso lo mantiene actualmente el Consell
Insular contra los responsables de las obras de urbanización de es
Pouet, que se niegan a paralizar la construcción a pesar de que han
sido requeridos para ello por todos los métodos de que dispone la
Administración. En estos momentos el precinto definitivo de la obra
y la vigilancia policial permanente para evitar que se retomen los
trabajos están en manos del Juzgado de Instrucción número 4, que ha
recibido ya una firme petición por parte del Ministerio Fiscal.
En las filas políticas, el primer portazo. Una concejala de la
izquierda de Sant Joan abandona su grupo municipal por estar en
desacuerdo con el texto y afirma que votará, desde el grupo mixto,
lo que más favorezca a los ciudadanos. Y mientras, el Partido
Popular recordando sus argumentos de inconstitucionalidad,
ilegalidad y arbitrariedad.
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