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La patronal «rent a car» y el GOB exigieron ayer a la Fiscalía de Balears que actúe de oficio contra las empresas que están estacionando 18.000 vehículos en 300.000 metros cuadrados de suelo rústico. La Agrupación Empresarial de Vehículos de Alquiler de Baleares (AEVAB), además, presentó ayer un proyecto para construir un polígono en terrenos situados cerca del aeropuerto de Palma con capacidad para 8.000 coches, «siempre y cuando se garantice que se suprimirán los aparcamientos en suelo rústico», dijo el presidente de la patronal Manuel Jiménez.

Los «rent a car», junto con el apoyo del grupo ecologista GOB, representado por su portavoz Miquel Àngel March, reiteraron su exigencia de que las autoridades ordenen el cierre de los aparcamientos de coches en suelo rústico. March afirmó que el uso de suelo rústico para aparcar, «vulnera la Ley de Suelo Rústico, el Plan General de Palma, la Ley de Actividades Clasificadas y el nuevo Código Penal por un presunto delito contra la ordenación del territorio». El dirigente ecologista advirtió que esta práctica de las empresas de alquiler de vehículos puede tener «consecuencias ambientales graves» y lamentó la «falta absoluta de actuación de la Administración, especialmente la municipal» y también del Govern balear, una de cuyas obligaciones fundamentales es hacer cumplir la ley.

Jiménez indicó que «el crecimiento desmesurado» de su sector, que alcanza en temporada alta una flota de 28.000 vehículos, «viene promovido por unas diez empresas» que cuentan con el 70 por ciento de los coches y que «se han establecido en suelo rústico», lo que a su juicio supone «una competencia desleal total». El dirigente empresarial afirmó que algunas de estas compañías no adquieren los vehículos para alquilarlos sino para revenderlos.