El proyecto de decreto de procedimiento y régimen jurídico de las
autorizaciones temporales para embarcaciones de recreo en las
instalaciones portuarias gestionadas por la administración de les
Illes Balears, hecho público el pasado día 23 de septiembre, ya ha
recibido las primeras críticas y las alegaciones no se han hecho
esperar.
Bartomeu Bestard Figuerola, presidente de la Associació
d'Instal.lacions Nàutiques i Esportives de Balears (Anade),
sostiene que «nuestra asociación representa a un 92% de las
instalaciones náuticas gestionadas por la iniciativa privada
mediante concesión administrativa o contrato de gestión de
servicios», afirmando que la asociación ve con preocupación el
decreto del Govern, y muy concretamente «la disposición transitoria
primera en cuanto a la revisión de puertos deportivos o de
instalaciones portuarias» que revertirían, en un plazo de tres
años, a la administración.
Los integrantes de Anade creen que «este tipo de cuestiones se
tendrían que legislar haciendo uso de la potestad legislativa que
contempla la Ley de Puertos, como lo han hecho otras comunidades
autónomas, fijando un marco jurídico, es decir una ley de puertos
deportivos y su reglamento para el sector».
Siempre según Anade la gestión de la administración pública en
los puertos del Govern resulta insuficiente y «creemos que el
decreto y en concreto la disposición transitoria podría inferir
competencias propias de la administración del estado» y es por ello
que quieren mostrar «nuestra oposición mediante esta alegación a la
citada disposición transitoria, solicitando que sea suprimida del
decreto, por motivos de posible ilegalidad».
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