P.C.18/11/00 0:00
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El Gobierno acordó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Consells Insulars aprobada por el Parlament balear y solicitar su inmediata suspensión, al entender que vulnera el orden de competencias que establece la Constitución. Las reacciones en Balears no se hicieron esperar. El president del Govern, Francesc Antich, acusó al Gobierno de «deslealtad institucional» por recurrir ante el TC la Ley de Consells Insulars, y, utilizando un símil futbolístico, consideró que el Ejecutivo central está sometiendo al Govern «a un marcaje político sin precedentes». Por su parte, la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar dijo que la decisión del Gobierno «no modifica el funcionamiento de la institución», y subrayó: «Parece que en Madrid están en busca y captura de lo que hacemos aquí».

Según informó el Ministerio de Administraciones Públicas el recurso de inconstitucionalidad se dirige contra once artículos de la ley, en concreto a los que hacen referencia a la creación en los consells insulars de nuevos órganos denominados Consells Executius, cuyos miembros son libremente asignados por el presidente del consell y pueden no haber sido elegidos en las urnas.

El Gobierno invocará en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución según el cual la norma recurrida ante el TC quedará automáticamente suspendida al menos durante cinco meses.

Transcurrido ese tiempo el Tribunal podrá levantar la suspensión o mantenerla hasta que haya una decisión sobre el fondo del asunto, que puede demorarse varios años. Según Munar, antes de aprobar la ley de CCII en el Parlament balear «ya sabíamos que sería recurrida, por lo que tenemos los mecanismos de control para que los acuerdos que se adopten» en el Consell Insular (CIM) «no puedan ser invalidados». Antich defendió ayer la constitucionalidad de esta normativa, que, según recordó, se basa en el Estatut d'Autonomia, en el cual se recoge la doble naturaleza de los consells insulars como entidades locales y autonómicas.