Movilización realizada en Palma contra la liberalización de horarios comerciales propuesta por Aznar.

Movilización realizada en Palma contra la liberalización de horarios comerciales propuesta por Aznar.

18/11/00 0:00
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P.C./J.R./S.C.
El Govern aprobará por decreto, cada año, el número y los días festivos en los que podrá abrir el sector del comercio, tras una negociación anual con las partes implicadas. El objetivo es superar las reticencias creadas en Unió Mallorquina en torno al tema de los festivos de apertura autorizada. El Ejecutivo ha preferido dar marcha atrás en su planteamiento inicial "dos festivos de apertura al año" para buscar el «máximo de consenso», dijo ayer el conseller de Presidència, Antoni Garcías, al analizar los aspectos básicos que contendrá la Ley de Comercio, pendiente de aprobación por el Consell de Govern.

«La ley no fija de antemano ningún número de festivos de apertura en los comercios, porque ese tema se regulará por un acuerdo específico que cada año adopten las partes interesadas, es decir, se deja el máximo de libertad para alcanzar un acuerdo consensuado», dijo Garcías.

El conseller de Presidència admitió que el texto definitivo de la Ley de Comercio se está debatiendo desde hace tres o cuatro meses, «con la finalidad de que todos los sectores, patronales y sindicatos, incluyan sus peticiones y exista unanimidad en los objetivos a alcanzar», indicó.

Esta decisión «salomónica», anunciada ayer por el conseller Garcías, surge tras el enfrentamiento de los últimos días entre Sampol, del PSM, y Maria Antònia Munar, presidenta de UM, sobre la cantidad de días festivos que debía incluir la normativa autonómica del sector. Unió Mallorquina apostó por ampliar hasta seis u ocho el calendario, (en lugar de los dos festivos contemplados por el borrador de la ley), y acusó a sus socios de no consensuar el texto antes de su aprobación por parte del Consell de Govern. Sampol se encontró, entonces, entre dos fuegos. Por una parte había alcanzado un amplio consenso con sindicatos y patronales del pequeño comercio, que avalaban los dos días, y, por otra, se enfrentaba a una prueba de fidelidad con sus «socios» del Pacte, que pedían más.