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Alcanzar un acuerdo político entre distintas fuerzas con el único objetivo de vencer a ETA por medios democráticos es siempre una excelente noticia, aunque en esta ocasión el texto que firmarán PP y PSOE llegue en unas condiciones cuando menos delicadas. Los dos partidos mayoritarios llevaban desde el pasado verano discutiendo los términos de este pacto antiterrorista y en defensa de las libertades, sin poder alcanzar el acuerdo, básicamente porque Aznar imponía la negociación de un calendario electoral para Euskadi sin contar, naturalmente, con los partidos vascos. Finalmente, el PP ha dejado este empeño de lado y ha logrado el acuerdo con los socialistas, aunque sin tener presentes las opiniones del resto de las fuerzas políticas parlamentarias.

Éste es precisamente un país en el que los pequeños partidos políticos "sobre todo los de ámbito autonómico" tienen un enorme poder y hasta ahora han sido claves para la gobernabilidad española. Por eso resulta ofensivo que un pacto de este calado se haya negociado como a escondidas, sin invitar a IU ni a los nacionalistas vascos, catalanes, canarios y gallegos a participar en tan cruciales decisiones.

Pero este pacto no sólo nace tocado por este detalle, sino porque además exige a PNV y EA que abandonen las tesis de Lizarra para poder unirse a él en su lucha contra ETA. Y eso es tanto como pedir a los nacionalistas vascos que dejen de serlo, o que lo sean menos. Algo que, desde luego, nadie puede esperar.

Ya se ha comprobado que instrumentos democráticos más completos que éste "Ajuria Enea y Madrid fueron corroborados por todos los partidos hace más de diez años" han resultado insuficientes para lograr un objetivo tan lleno de escollos como acabar con el terrorismo. Si además el pacto nace al margen del Parlamento, su operatividad quedará mermada desde el principio.