El Govern ha solicitado al Ministerio de Administraciones Públicas
una copia del informe del Consejo de Estado que considera también
inconstitucional la Ley de Consells. El conseller de Presidència,
Antoni Garcias, remitió ayer mismo una carta al ministro Jesús
Posada en la que le solicita una copia del dictamen del Consejo de
Estado en relación a la polémica ley aprobada por el Parlament, y
que fue suspendida en su totalidad la semana pasada por el Tribunal
Constitucional.
De hecho, el Govern todavía no ha recibido ni la comunicación
del Tribunal Constitucional en la que comunica la suspensión de la
Ley de Consells. Una vez el Constitucional comunique oficialmente
la suspensión del texto aprobado por el Parlament, el Govern tiene
15 días para defender la ley con un recurso. De hecho, el Ejecutivo
está preparando un equipo de juristas que redactarán el informe
para defender la constitucionalidad de la Ley de Consells con el
fin de que no se mantenga la suspensión del texto.
El Gobierno central denunció la inconstitucionalidad de hasta
once preceptos de la Ley de Consells, que se encuentra suspendida
desde hace varios días. En concreto, el Constitucional deberá
revisar si la reorganización de los consells, que fue modificada
por la ley, se ajusta a Derecho. El artículo 7 es uno de los puntos
denunciados por el Gobierno central debido a su posible
inconstitucionalidad. Dicho artículo prevé que los consells están
formados por un presidente, uno o más vicepresidentes, el pleno, la
Comissió de Govern y el Consell Executiu. El artículo 7.3 prevé que
la Comissió de Govern, cuando no haya Consell Executiu, esté
compuesta por el presidente y por un número de consellers no
superior al tercio de la composición del plenario, que está formado
por 31 miembros.
El artículo 7.5 establece que el Consell Executiu estará
integrado por el presidente, el vicepresidente que designe el
presidente y, como mínimo, por tres consellers ejecutivos. Dichos
consellers serían designados por el presidente y no son electos,
una posibilidad considerada inconstitucional.
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