Una cuarta parte, el 25'3 por ciento, de los inmigrantes que
intentaron regularizar su situación legal en Balears durante el
proceso extraordinario abierto por el Gobierno central han recibido
una resolución desfavorable por lo que, en un principio, tendrán
que abandonar las Islas antes de 15 días «a contar a partir del
siguiente a la notificación».
Así, según datos facilitados por la Delegación de Gobierno en
las Islas, durante el periodo especial de regularización
establecido por la Ley de Extranjería, (del pasado 21 de marzo
hasta el 31 de julio), se recibieron un total de 4.462 solicitudes
de las que ya se han resuelto 3.910 de la siguiente forma: 2.865
favorablemente; 991 denegadas y 54 archivadas. El resto de
solicitudes hasta llegar a las 4.462 registradas, concretamente
552, están aún pendientes de resolver a fecha del 15 de diciembre.
Actualmente estos casi mil inmigrantes a los que se les ha
rechazado la solicitud están recibiendo la notificación y, con la
ley actual, si no abandonar el territorio nacional en el plazo de
los 15 días pueden ser sancionados con una multa. Será a partir del
23 de enero, cuando la reforma de la normativa entre en vigor, que
la expulsión será aplicable.
Sin embargo, según aseguran las mismas fuentes, esta expulsión
será de difícil aplicación en algunos casos debido a dos razones
principales: la dificultad para localizarlos al no tener un
domicilio fijo y la posibilidad de recurrir o de comenzar los
trámites para una nueva solicitud que tienen aquellos a los que se
la han rechazado ahora. Los criterios que se han seguido para
conceder o denegar la solicitud de regularización de la situación
personal y laboral en España son haber sido titular de un permiso
de residencia o de trabajo-residencia alguna vez en el periodo
comprendido entre el 1 de febrero de 1997 y el 1 de febrero de
2000, (motivo alegado por 462 solicitantes); haber solicitado
permiso de residencia o de trabajo-residencia antes del 31 de marzo
de 2000, (alegado por 3.318 inmigrantes); y haber formalizado una
solicitud de asilo antes del 1 de febrero de 2000, (motivo alegado
por 65 del total de personas que presentaron la petición de
regularización).
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