Barceló dijo ayer en una rueda de prensa celebrada en la sede
judicial de sa Gerrería que «para decretar una medida cautelar
contra un menor, como la de privación de libertad, se necesita
escuchar al equipo técnico». «Esto, a lo largo de la semana está
garantizado precisó, «porque el fiscal de menores puede decretar la
detención y el equipo técnico realizar una comparecencia ante el
juez. Pero no ocurre lo mismo el fin de semana, porque no está
regulada la disponibilidad y el servicio de guardia». En las
ciudades españolas donde hay cuatro juzgados de menores se ha
creado un servicio de guardias específico, pero en Palma sólo hay
dos juzgados de esas características. En Balears se han revisado
ocho o nueve casos con la entrada en vigor de la Ley del Menor.
Barceló cifró en un 30 por ciento la falta de medios técnicos y
humanos en las Islas para hacer frente a las nuevas exigencias
planteadas con la reciente entrada en vigor de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y la del Menor. La capital balear será sede,
el próximo día 24 de enero, de una reunión que celebrará el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), en la cual Barceló planteará
varias peticiones. «Hemos pensado que a nivel de plantilla, es
posible dividir cada juzgado en dos y luego, crear una plaza de
juez-secretario. En Palma hemos pedido 9 juzgados más de primera
instancia, contando el de Familia, otro social, un tercero
contencioso-administrativo, dos más de instrucción y un tercero en
Calviá», dijo Barceló.
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