El presidente del Insalud, Rubén Moreno, consideró ayer «obvio» que
la financiación sanitaria tendrá que contemplar mecanismos de
compensación entre CCAA para aquéllas que presten servicios a
población procedente de otras, y reconoció que esta es una cuestión
de «debate». Además, insistió en la voluntad del Gobierno para
llegar a un acuerdo con todas las CCAA en cuanto a las exigencias
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y prestar un mejor servicio a
los ciudadanos.
Moreno y el secretario de Estado de Organización Territorial,
Gabriel Elorriaga, explicaron ayer en conferencia de prensa el
procedimiento para la transferencia de la sanidad a las diez
autonomías que carecen aún de esta competencia: Madrid, Asturias,
Castilla y León, Baleares, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha,
Cantabria, Extremadura y La Rioja. Entre mediados de febrero y
primeros de abril comenzarán los trabajos de las ponencias técnicas
para terminar el proceso de negociación en este año, con remisión
de los acuerdos a las comisiones mixtas de transferencias. La
reunión entre el Insalud y el Govern está prevista para marzo. A
continuación, se elevarán al Consejo de Ministros, que aprobará los
Reales Decretos para la aplicación efectiva de las transferencias,
previsiblemente en 2002.
El Insalud cuenta en Balears con un personal fijo de 5.277
trabajadores repartidos en cuatro hospitales y 42 centros de salud.
En este aspecto, Elorriaga precisó que el Gobierno «no tiene una
posición tomada» sobre si la sanidad se debe incluir en el
tratamiento global de la financiación autonómica y se mostró
partidario de una negociación «muy abierta» para conseguir un
modelo estable y con el mayor respaldo posible.
Señaló que, una vez determinado el coste de la transferencia, el
traspaso no genera un incremento del gasto y destacó que la
negociación es simultánea con todas las CCAA, no por mandato legal,
sino porque es la «forma correcta», aunque no se garantiza que el
traspaso efectivo ocurra al mismo tiempo, pues dependerá de cada
caso. Todas las comunidades van a tener que ajustarse al «mismo
nivel de prestaciones», que es fijado por el Estado.
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