Los nueve expedientes que ha abierto el Govern por supuestas
irregularidades en el uso de fondos europeos para cursos de
formación afectan únicamente a cuatro operadores, según confirmaron
ayer desde la Conselleria d'Hisenda. De los cuatro operadores de
dichos cursos, tres ya han presentado alegaciones a los informes
provisionales que encontraron anomalías en el uso de los fondos
europeos.
Además del Ajuntament de Palma y la CAEB, cuyas supuestas
irregularidades con el uso de fondos europeos ya han trascendido
durante el último mes, sólo otros dos organizadores de cursos han
tenido que preparar alegaciones para justificar la utilización del
dinero procedente de la Unión Europea. El propio Eberhard Grosske,
conseller de Treball, desveló que un sindicato había cometido
irregularidades, según las auditorías provisionales. Esta
afirmación provocó la reacción inmediata de Comisiones Obreras, que
exigió la dimisión del conseller Grosske por su actuación tras
conocerse el escándalo de los cursos de formación. Según ha sabido
este periódico, otro de los operadores expedientados está
directamente vinculado al mundo educativo.
La Comunitat Autònoma, a través de Intervención, tiene previsto
realizar entre 20 y 30 auditorías más para cumplir el muestreo del
5 por ciento exigido por la Unión Europea. Una vez que finalice
esta revisión, posiblemente entre los meses de abril y mayo, la
Conselleria d'Hisenda y la Conselleria de Treball decidirán si se
amplía el muestreo. El departamento de Intervención tiene previsto
revisar la documentación de los grandes operadores de los cursos,
entre los cuales se encuentran los principales ayuntamientos, el
Consell Insular de Mallorca y la Universitat, así como las
patronales y sindicatos de Balears. El Ejecutivo autonómico
remitirá toda la documentación de las auditorías a Intervención
General del Estado, que a su vez comunicará las infracciones a la
Unión Europea.
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