La llegada de unos 100.000 inmigrantes a Balears en los últimos
cinco años «agrava la precariedad de la situación de la lengua
catalana» en las Islas, según advirtió ayer la Obra Cultural Balear
(OCB). Esta asociación dice que «la situación es gravísima» y que
quiere «dar una señal de alarma», ya que este número de inmigrantes
supone entre un 14% y 15% de la población isleña, «porcentaje que
nos sitúa tres veces por encima de la media europea».
Según los datos de la OCB, de los cien mil nuevos habitantes
llegados a Mallorca en los últimos cinco años, 65.000 son
inmigrantes extranjeros y de ellos un 72% proviene de países de la
UE y un 28% de otros Estados. «Este hecho agrava la situación de la
lengua catalana», opina el presidente de esta institución, Antoni
Mir, «por lo que más que nunca es necesario volver a la
movilización popular, reivindicativa y participativa que tiene que
ser querida por la mayoría de la población de aquí». La
organización pide la participación de los ciudadanos en el III
Encuentro de Amigos de la Lengua y socios de la OCB y pide al
Govern que desarrolle la Ley de Normalización Lingüística de
1986.
Mientras, la Plataforma per la Convivència de Balears presentó
el Manifiesto en defensa de las personas inmigrantes, coincidiendo
con la celebración ayer del Día mundial contra el Racismo y la
Xenofobia. En este manifiesto, los 40 integrantes de la plataforma
-entre los que se encuentran asociaciones cívicas, partidos
políticos o sindicatos-, declaran su más rotundo rechazo a la nueva
Ley de extranjería, así como sus consecuencias. se rechaza «desde
la defensa de los derechos humanos más fundamentales que esta ley
vulnera, porque convierte en invisibles a las personas sin papeles
y promueve el racismo desde las mismas instituciones».
Para esta plataforma la nueva ley «deja a las puertas de la
esclavitud a un colectivo de más de 100.000 personas, número que
irá en aumento si no hay un cambio radical de dirección en la
política migratoria del Gobierno español». Por todo, se exige la
derogación de la ley y, en caso contrario, la insumisión de las
organizaciones sociales, políticas e institucionales a ésta. UGT ha
elaborado un informe en que se declara la necesidad de consensuar
la política migratoria con empresarios y sindicatos.
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