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La llegada de unos 100.000 inmigrantes a Balears en los últimos cinco años «agrava la precariedad de la situación de la lengua catalana» en las Islas, según advirtió ayer la Obra Cultural Balear (OCB). Esta asociación dice que «la situación es gravísima» y que quiere «dar una señal de alarma», ya que este número de inmigrantes supone entre un 14% y 15% de la población isleña, «porcentaje que nos sitúa tres veces por encima de la media europea».

Según los datos de la OCB, de los cien mil nuevos habitantes llegados a Mallorca en los últimos cinco años, 65.000 son inmigrantes extranjeros y de ellos un 72% proviene de países de la UE y un 28% de otros Estados. «Este hecho agrava la situación de la lengua catalana», opina el presidente de esta institución, Antoni Mir, «por lo que más que nunca es necesario volver a la movilización popular, reivindicativa y participativa que tiene que ser querida por la mayoría de la población de aquí». La organización pide la participación de los ciudadanos en el III Encuentro de Amigos de la Lengua y socios de la OCB y pide al Govern que desarrolle la Ley de Normalización Lingüística de 1986.

Mientras, la Plataforma per la Convivència de Balears presentó el Manifiesto en defensa de las personas inmigrantes, coincidiendo con la celebración ayer del Día mundial contra el Racismo y la Xenofobia. En este manifiesto, los 40 integrantes de la plataforma -entre los que se encuentran asociaciones cívicas, partidos políticos o sindicatos-, declaran su más rotundo rechazo a la nueva Ley de extranjería, así como sus consecuencias. se rechaza «desde la defensa de los derechos humanos más fundamentales que esta ley vulnera, porque convierte en invisibles a las personas sin papeles y promueve el racismo desde las mismas instituciones».

Para esta plataforma la nueva ley «deja a las puertas de la esclavitud a un colectivo de más de 100.000 personas, número que irá en aumento si no hay un cambio radical de dirección en la política migratoria del Gobierno español». Por todo, se exige la derogación de la ley y, en caso contrario, la insumisión de las organizaciones sociales, políticas e institucionales a ésta. UGT ha elaborado un informe en que se declara la necesidad de consensuar la política migratoria con empresarios y sindicatos.