La aparición de otro caso de «vaca loca» en Menorca, nadie en el
sector duda que los laboratorios de Algete, Madrid, y Zaragoza
confirmarán el positivo, ha provocado cierto malestar entre el
colectivo ganadero que, a día de ayer, se dividía entre los que
apostaban por llevar a los animales de más de 30 meses a la
intervención, (por lo que se sacrificarían y serían enviados a la
Península para ser incinerados sin necesidad de realizar test
priónicos), y los que apostaban por continuar realizando los
análisis a todos los animales de riesgo vayan o no a entrar en la
cadena alimenticia.
La caída de ventas de la carne de ternera provocó que el
Ministerio de Agricultura y Pesca, con permiso de la Unión Europea,
instaurará un mecanismo de intervención, para los ganaderos que
deseen acogerse, que se basa en la compra, por parte de la
Administración, de los animales de más de 30 meses con objeto de
retirarlos de las explotaciones e incinerarlos. La Conselleria de
Agricultura y las organizaciones agrarias se han mostrado
interesadas por esta iniciativa, que se llevaría a cabo a través de
Carnilla que es la empresa que gestiona el matadero de Palma.
Una vez realizados los trámites administrativos, y a falta de la
llegada de maquinaria específica, Carnilla tendrá que esperar hasta
Semana Santa para comenzar a sacrificar animales de intervención,
plazo este que a los partidarios de acogerse a la medida les parece
excesivo. En el fondo de la cuestión esta el enfrentamiento de
posturas entre los que defienden, sobre todo pequeños ganaderos,
que la aparición de más casos puede «dar la puntilla» a un sector
en crisis desde hace meses y los partidarios de realizar controles
a todos los animales, vayan o no a intervención, para dar imagen de
seguridad a los consumidores.
En medio de estas posturas se encuentran actualmente las
organizaciones agrarias, favorables a que la Administración retire
las reses de los ganaderos que se acojan a la medida, «pero no para
que no se les hagan los análisis a las vacas, sino para que los
productores pueden recibir algo de dinero por sus animales ya que
el mercado no les está comprando sus animales», aseguró Joan Mas,
coordinador de Unió de Pagesos. Por su parte, el secretario general
de Asaja-Balears, Gabriel Company, pidió que se agilicen los
trámites para que el matadero de Palma pueda matar animales de
intervención «cuanto antes» y entendió que es el ministerio el que
tendría que hacerse cargo del traslado de los cuerpos de los
animales hasta la Península para ser incinerados, ya que son
considerados como materiales específicos de riesgo.
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