Tras recordar el resultado de las últimas elecciones
autonómicas, «que ganó el PP con 160.000 votos», Aznar consideró
legítima la unión «de seis o siete» partidos contra el PP pero
precisó que, desde esta premisa, no acepta «lecciones de respeto a
la voluntad popular». Añadió que mantenía a Matas como ministro
«porque hace una buena gestión y ha presentado un buen plan
hidrológico, cosa que molesta a alguno de ustedes bastante» y
precisó que Matas «no está presuntamente relacionado con ningún
caso».
Llamazares había emplazado a Aznar a que destituyera a Matas
porque el número de emigrantes se había multiplicado por tres «y la
mayor parte de estos emigrantes han ido a votar al PP con tal
entusiasmo que alguno de ellos han salido de la tumba». Llamazares
recordó a Aznar que es «el abanderado de las responsabilidades
políticas por encima de las judiciales». «No me responda eludiendo
las responsabilidades políticas "insistió" o al final usted no será
el émulo de ningún presidente ni señor ministro como Maura, será de
Cánovas o de Sagasta, de la Restauración». Llamazares opinó que el
'caso Formentera' «afecta a los pilares de la democracia, la
limpieza de las elecciones y la utilización de fondos
públicos».
A la petición de dimisión que hizo Llamazares se sumaron las de
los diputados del PSOE Teresa Riera y José Blanco, quienes
censuraron la actuación del ministro en su época de president. En
una durísima intervención, Riera pidió a Matas que dimitiera «para
evitarse a usted un calvario y a nosotros, una vergüenza» y
pronosticó que el ex president «puede acabar como Cañellas:
condenado por los tribunales y abandonado por su partido». Riera
afirmó que la manipulación de votos no ha sido un invento de la
oposición y explicó ante el Congreso el listado de acusaciones que
han ido saliendo a la luz en las últimas semanas, entre ellas, la
inclusión en el censo de personas fallecidas y pruebas «de su puño
y letra de que usted diseñó esta operación».
Matas contestó que todas las acusaciones son falsas y afirmó
que, aunque sigan investigando dos años, «no encontrarán nunca nada
más que el fomento a una política legítima y legal». Matas destacó
que la ley, aprobada por el PSOE, permitía la inscripción de los
emigrantes en el CERA «y lo único que hice fue cumplir la ley».
Matas contestó que tiene la conciencia tranquila y aseguró que la
labor legítima del Govern «fue a favor del ciudadano». Insistió en
que todo es una falsedad, una calumnia y una estrategia política
del Govern. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, que fue
interpelado en el Senado por Manuel Cámara, defendió la «total
transparencia y absoluta neutralidad» de las oficinas consulares y
apuntó que comprobarían si hubo inscripción de personas ya
fallecidas puesto que «siempre hay alguna inexactitud».
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