El Govern de les Illes Balears está estudiando la posibilidad de
aprobar una ley que permita establecer unos cupos para la concesión
de licencias de obras, algo que intentó el Ajuntament de Calvià,
pero que chocó con el dictamen del Consell Consultiu, que
especifica que esto sólo puede realizarse a través de una norma que
tenga rango legislativo. Al parecer, existen diferencias de
criterio por parte de los diferentes socios del Pacte de Progrés y
es que este asunto plantea algunos problemas, como el de qué
Administración será la encargada de establecer los límites a las
licencias, si el mismo Govern, los consells o los ayuntamientos.
Además, desde algunos sectores se apuntan serias dudas sobre la
constitucionalidad de la norma.
El asunto al que hay que hacer frente, sin lugar a dudas, y así
lo plantea el Ejecutivo autonómico, es el del desmesurado
crecimiento urbanístico que soporta nuestra Comunitat Autònoma y,
evidentemente, hay que poner coto a un exagerado nivel de
construcción que dificulta enormemente el necesario equilibrio
entre nuestros valores medioambientales y un crecimiento
sostenido.
Ahora bien, también es preciso que desde el Govern se actúe con
la necesaria prudencia y reflexión para no chocar frontalmente con
problemas de orden legal, que enfrenten a la nueva ley con normas
de rango superior como la misma Constitución.
La precipitación, en estos casos, no suele ser una buena
consejera, pero también es verdad que el debate en el seno de las
fuerzas del Pacte de Progrés puede ser enormemente positivo para
conseguir elaborar un proyecto que resulte beneficioso para poner
fin a la fiebre constructora que se ha desatado en los últimos años
y que pone en serio peligro valores paisajísticos y
medioambientales.
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