El Govern balear, a través de la Conselleria de Medi Ambient,
amenaza con abrir un expediente sancionador al Ajuntament de Palma,
como entidad propietaria de Son Reus, y a los transportistas de
escombros afiliados a Astracoma por verter los restos de obras en
la instalación incumpliendo la orden que, sobre selección de
escombros de obra, aprobó el departamento autonómico en febrero de
2000.
La presidenta de EMAYA, María Crespo, autorizó la apertura de
Son Reus durante los próximos 15 días para que los transportistas
pudieran vaciar los aproximadamente 3.000 contenedores llenos que
se encuentran por la calles de Palma. Se trata, según Crespo, de
una medida excepcional para evitar un problema de salud pública y
para eliminar molestias a los ciudadanos.
Sin embargo, a pesar de que el cruce de acusaciones se ha
moderado en los últimos días y de que los transportistas retiraron
sus vehículos de los alrededores de Medi Ambient como muestra de
«buena voluntad», desde la Conselleria se asegura que enviarán
técnicos para comprobar que en Son Reus se está realizando la
selección de residuos según se establece en la orden anteriormente
citada, «normativa que si cumplen los otros transportistas de la
Isla por lo que no vamos a permitir, bajo ningún concepto, que no
se haga bien la selección de escombros», aseguran.
La clave del asunto es que en Son Reus no existe, hasta el
momento, ninguna planta de selección de residuos y, aunque la
dirección de Astracoma ha desplazado hasta la instalación municipal
a sus operarios, la asociación reconoce que sin la maquinaria
apropiada «esta labor no se puede desarrollar correctamente».
Monserrat Barceló, portavoz de los transportistas, reconoció este
hecho y pidió un «poco de comprensión» a la Conselleria de Medi
Ambient.
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