TONI LIMONGI08/05/01 0:00
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«La normativa comunitaria es una red impenetrable de conceptos abstractos», así de contundente se mostró el senador Jordi Solé Tura, uno de los principales impulsores de la Constitución Española y miembro de la Delegación del Parlamento Español en la convención redactora de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, elaborada en Niza el año pasado. El acto de clausura del programa «Diàlegs amb Europa», que promueve la Conselleria de Presidència del Govern balear y el Centre Balears Europa, transcurrió ayer en el auditorio del Parc Bit con varias conferencias dedicadas a este importante texto.

El acto contó con las ponencias del director de la oficina de la Comisión Europea en España, Miguel Moltó; la catedrática de Derecho Internacional de la UIB Charo Huesa y el embajador de Malta en este país, Carmel J. Aquilina. Hizo el acto de presentación el conseller de Presidència del Govern Balear, Antoni Garcias. Solé Tura, claro y contundente en su exposición, aseguró que «la Carta de los Derechos Fundamentales no tiene por ahora ningún tipo de vinculación jurídica, pero ha servido para preparar el terreno para la expansión de Europa, con la incorporación de nuevos paises (Checoslovaquia, Hungría y Polonia)».

En la conferencia intergubernamental prevista para el 2004 se estudiará su aprobación oficial. Según el político catalán, la Carta constituye «el primer paso para una futura Constitución Europea, que podría comenzar dentro de unos diez años». El senador socialista añadió que «se realizó con un método de trabajo que me desconcertó mucho, un método que no me gustó: se creó una presidencia que iba proporcionando temas y que íbamos discutiendo los cuatro representantes de cada país. Hablamos mucho y perdimos bastante tiempo».

Solé Tura explicó que «a la hora de redactar la Carta nos encontramos con otra limitación, ya que no podíamos cambiar ni una sola coma de las constituciones respectivas de los 15 países». Según el senador, tampoco «se tuvieron en cuenta» la mayor parte de las reivindicaciones que numerosas entidades cívicas (ONG, asociaciones feministas, ecologistas, etc.) efectuaron en Niza. «Lo que hicimos consistió en establecer "sin tocar nada" un código de derechos que recogían los ya existentes (contemplados previamente por el Consejo de Europa) y los simplificaba, preparando el terreno jurídico para la incorporación de los nuevos países», aseguró en un tono crítico pero constructivo.