Cristina Almeida defendió ayer la rebeldía autonómica ante la
reforma de la ley de inmigración, tanto que la tachó de «rebeldía
de sensatez frente a lo irracional que significa la ilegalidad que
aporta esta ley». Abogada y regidora del Ayuntamiento de Madrid,
Almeida disertó ayer en el Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Balears sobre «Los trabajadores extranjeros en España y su
situación ante la nueva ley de extranjería», una ley que, dijo,
«como es imposible aplicar, se incumple».
Tras invitar a los asistentes a guardar un minuto de silencio en
repulsa por el último atentado de la banda terrorista ETA, la
dirigente de Nueva Izquierda planteó la decepción que supuso el que
la ley de integración de los extranjeros que se logró por consenso,
la Ley 4/2000, fuese reformada, sin apenas haber sido aplicada, por
otra, la Ley 8/2000, «que alteró el sentido». Aseguró que se trata
de «una reforma negativa porque ha devuelto a la ilegalidad a
muchas personas, en vez de a la irregularidad, hasta el punto de
querer eludir su presencia real, en los padrones municipales por
ejemplo, y les niega los derechos universales». La ley «apunta
hacia lo peor que podía pasar, que es ignorar el problema,
ilegalizarlo, no darle solución, lo que está planteando serios
problemas en las comunidades».
Se refirió, en concreto, a Balears, «donde hay un número de
extranjeros importante y una actividad de servicios, construcción y
hostelería, que acaparan la mayor temporalidad y la reforma está
planteando problemas de falta de atención». Alertó que «cuando se
ignora y se ilegaliza un problema, se plantean problemas no sólo
para los extranjeros sino para la gente que estamos aquí, porque se
crean guetos de marginación -incluida la existencia de mafias-, y
de ella surgen conflictos que nos afectan a todos».
Para Almeida «lo único que no necesitábamos son leyes para
ilegalizar, sino leyes para integrar» y ante el anuncio del
Gobierno de acelerar los trámites para la legalización de los
inmigrantes que trabajan en nuestro país, reconoció que es
«inexcusable que se regularice a las personas que tienen
regularizada su vida en el trabajo, pero también que se regularice
la existencia de personas que están aquí, que tienen derecho a
estar o que tienen, al menos, la realidad de estar aquí para que
puedan solucionar su problema de trabajo».
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